Desde que Ecuador retorno a la democracia la debilidad institucional es marcada, gobiernos inestables; legislativos conformado mayorías circunstanciales; reformas constitucionales acorde a intereses; corrupción; carencia de independencia institucional; pugna de poderes; vacíos legales; ausencia de compromisos; falta de objetivos claros, etc.
Hago alusión a esto, ya que hace pocos días escuche que los ecuatorianos se quejan de todo, este bien, o este mal, y que no deberían existir quejas o protestas porque estuviéramos peor; es decir, tenemos que aceptar lo que venga. Sin duda, es sencillo opinar de esta forma, cuando se tiene trabajo y los ingresos cubren las necesidades, olvidando las dificultades sociales; si se observa los problema económico-sociales en el Ecuador, estos son estructurales y gran parte de ellos han sido ocasionados por la clase política y la ineficiencia burocrática; indiscutiblemente, gran parte de la culpa la tiene el pueblo que elige incompetentes y demagogos, de forma continua; claro está, justificando su nivel de ignorancia, frente a los que ejercen el poder desde el Estado.
Si la gente no está conforme con la institucionalidad y la juzga, no se la puede observar cómo queja, las desigualdades en el Ecuador son abruptas, simplemente hay que analizar, 26% de ecuatorianos presenta situación de pobreza al 2023; es decir, 4´680.000 ecuatorianos viven con menos de 90,08 dólares/mes, incrementándose entre 2022 – 2023 en 0,8%; por su parte, la pobreza extrema, personas con ingresos inferiores a 50,76 dólares/mes, representa el 9,8%, incrementándose entre 2022 a 2023 en 1,6%, es decir, 1´764.000 ciudadanos; sumando en conjunto un 35.8% (INEC, 2024).
Si analizamos un poquito más allá, sería de preguntarnos en términos económicos cuánto ha crecido la clase media, gracias a las garantías que ofrece la institucionalidad, en los últimos años ¿? Por lo tanto, es lógico que exista reclamo o queja ciudadana frente al agobiante peso institucional.
Pablo Ortiz Muñoz
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