Plan escuelas seguras

Cuando ves un noticiario en televisión internacional en donde informan de la ola de violencia que se vive en el país, de la criminalidad incontrolable, del narcotráfico y de cómo estas situaciones han afectado a la educación, de varias ciudades del Ecuador, diera la impresión que no se tratase de nuestro país, sino de otros, porque, aún seguimos soñando en aquellas épocas cuando nuestra patria era considerada como una isla de paz.
Ver en nuestros diarios informativos como los padres de familia se niegan a enviar a sus hijos a clase, por temor a que sean víctimas de los delincuentes, parece una pesadilla, pero es una realidad, por eso, el Gobierno, a través de los ministerios respectivos, ha puesto en marcha el “plan escuelas seguras”, con el ánimo de brindar protección a los estudiantes de 220 centros educativos de las provincias de Esmeraldas, Guayas, Santo Domingo de los Tzáchilas, El Oro y Los Ríos. Aproximadamente dos mil efectivos cumplirán con esta misión
En el plan de escuelas seguras que propone el gobierno, en uno de sus justificativos dice:“La Constitución de la República determina como deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral. Establece además que, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de las y los ciudadanos, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes, como grupo de atención prioritaria, cuyo interés superior prevalece sobre las demás personas”.
Es obvio que, con esta norma constitucional, contando con la autorización de los representantes legales, los miembros de seguridad del Estado (policía y ejército), podrán ingresar a las instituciones ante cualquier alarma que se presente para proceder, de ser el caso, a requisar cualquier objeto que podría causar daño físico a los alumnos. Se informó hace pocos días que, en varios planteles, incluido uno de Loja, estudiantes habrían llevado armas a la institución educativa.
Sólo esperamos que, con estas acciones, que son obligaciones del Estado, los procesos de enseñanza-aprendizaje, puedan cumplirse con las debidas garantías para todos los miembros de las comunidades educativas.

Darío Granda Astudillo
dargranda@gmaail.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.