Reformas en materia laboral estancadas y políticas públicas en el sector laboral escasas. Dos premisas que representan la nula gestión de la Asamblea Nacional y del Gobierno Central a la hora de crear condiciones para mejorar la cantidad y calidad de empleo.
Si revisamos nuestro Código del Trabajo, las mismas disposiciones legales se conservan en un mundo cambiante. Lastimosamente, tenemos una ley estática ante un escenario dinámico. Las aspiraciones de los ecuatorianos son diversas y no han sido atendidas. Se busca igualdad de tratamiento en el sector público y privado, nueva regulación en áreas como plataformas digitales y aplicaciones, y mayor protección en el teletrabajo, entre otras.
El ejecutivo, limitado en recursos económicos y bloqueos políticos, no ha alcanzado cambios sustanciales en materia de empleo. No hay políticas públicas que mejoren las condiciones y aumente la taza de empleo. La única expectativa materializada fue el incremento del salario básico unificado del trabajador, empero, se mantienen las mismas necesidades. No hay plazas de trabajo en un país donde la delincuencia da más oportunidades que el sector empresarial.
Por eso, la falta de acción del Gobierno y la pasividad de la Asamblea Nacional resulta criticable, más cuando sus diferencias políticas se adueñan del espacio de poder encaminado a proponer y solucionar la realidad de la clase trabajadora.
Carlos Orellana Jimbo
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