Lo hacen como presión para que se aplique la LOEI. En Loja hoy informarán sobre las acciones a cumplir.
En distintas ciudades del país, y en el caso de la capital ecuatoriana, Quito, ayer (12 de julio de 2021) los maestros cumplieron una jornada de protestas, incluso con una huelga de hambre. Lo hacen en defensa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Hay que recordar que, en mayo pasado, la Corte Constitucional (CC) admitió a trámite la demanda contra la Ley Reformatoria a la LOEI y concedió una medida cautelar de suspensión provisional hasta que se resuelva la causa.
El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE-Loja), Gilbert Granda Romero, menciona que la lucha que llevan adelante es una demostración de la vulneración de los derechos y en exigencia a la Corte Constitucional y al Gobierno del presidente Guillermo Lasso para que declaren la constitucionalidad y la aplicación inmediata, pues consideran que se cumple los requisitos y hubo el debido proceso.
Insiste en que no existen motivos por los que la comunidad educativa pueda ser perjudicada al momento de aplicar la Ley, si no que más bien, hay beneficios como dejar el bachillerato general unificado y dividirlos en artes, ciencia y más especialidades; reapertura de escuelas, reintegro de docentes, funcionamiento adecuado de los departamentos de consejería estudiantil y más.
En el caso de Loja, en la tarde de ayer mantuvieron una reunión para definir las acciones a cumplir. Hoy se ofrecerá una rueda de prensa para dar más detalles.
Beneficios
Entre otras cosas, la Ley exige al Ministerio de Educación un plan de reinserción para los estudiantes que han salido de sus planteles educativos, capacitación de docentes y devolución de fondos recortados para el sector.
Consta un incremento de 800 a mil dólares la remuneración básica mensual para los profesores y a partir de esa base establece un escalafón que implica 10 categorías.
Adicionalmente, recoge avances significativos en derechos para los niños y adolescentes, entre ellos una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los depredadores sexuales no queden en la impunidad.
La Ley fue aprobada en marzo por la Asamblea Nacional y pese a que fue sancionada favorablemente por el Ejecutivo tuvo vigencia de pocos días pues fue demandada por inconstitucional ante la Corte Constitucional, con el argumento de que cualquier ley que se apruebe debe contar con una fuente de financiamiento.
CITA
“Responsabilizamos a la Corte Constitucional y al Gobierno por no atendernos y dar la espalda a la educación”
Gilbert Granda Romero, presidente UNE-Loja.