Desde que nacemos hasta que morimos, todos los seres humanos buscamos y anhelamos los bienes. La falta de ellos puede llevarnos a un desequilibrio de algún orden e, inclusive, hasta la muerte.
En un artículo anterior veíamos que era imprescindible establecer la propiedad privada de los bienes para poder obtener su usufructo.
Pero ese disfrute privado de los bienes no puede entenderse como independiente o desarraigado del bien común. Por el contrario, es su correlativo: el usufructo privado de los bienes solo deviene en ello cuando ha sido parte del bien común; y, correlativamente, el bien común debe concretarse en un bien privado para que sea factible su usufructo. Por lo tanto, no existe oposición entre bien privado y bien común.
Algunas doctrinas políticas postulan la posibilidad de que cada persona determine formas de acceder a la propiedad privada, sin restricciones legales, de tal manera que sea permitido acumular todos los bienes que se pueda. Pero se verifica, en la práctica, que esta concepción produce pequeños grupos poderosos frente a masas humanas desprovistas de lo más elemental para su supervivencia.
Asimismo se postula, por parte de otros pensadores que defienden un estado totalitario, que debe desaparecer la propiedad privada y que debe declararse al estado como dueño total de los bienes, para que sea él, el estado, el que los administre y reparta.
Sin embargo, la misma práctica ha mostrado que, aparte de la injusticia de un reparto igualitario que desmotiva el trabajo, el poder de quienes gobiernan en estos regímenes es tan cruel e injusto como en el caso anterior. Son las dos caras de la misma moneda. Debemos, por lo tanto, hacer un esfuerzo por buscar formas políticas en que no se consideren los bienes privados en contraposición con el bien común.