Leo en varios periódicos nacionales que se ha levantado un debate ideológico acerca del aumento de impuestos que supone la ley tributaria que, aparentemente, se encuentra en vigencia.
Los partidarios ortodoxos del presidente sostienen que una elevación de tributos siempre será una desviación de los presupuestos ideológicos liberales que lo llevaron al poder.
Otros personajes del mismo bando consideran que la urgencia de la situación económica del país obliga a ceder posiciones y a tomar medidas emergentes que permitan cumplir las ofertas de campaña.
Algunos más vuelven los ojos hacia los autores clásicos y con ellos repiten que un impuesto sin consenso parlamentario siempre será una arbitrariedad.
Seguramente la razón se encuentra repartida entre todos, aunque tengo para mí que el centro del debate está errado. Quienes se horrorizan por los impuestos y por el gasto público piensan seguramente en la libertad y en los intereses humanos que proponía John Locke hace ya cuatro siglos.
El filósofo empirista, desde punto de vista de su época y de sus circunstancias, consideraba que el individuo debía organizar el Estado a partir de sus propios intereses y que toda acción estatal de una u otra forma disminuía los derechos y las libertades individuales. Sus seguidores piensan en un Estado pequeño, limitado a ser un espectador complaciente de las luchas sociales.
Llegadas las reflexiones a este punto, se echa de menos dos aspectos muy importantes: la igualdad y la justicia. Las ideas de Locke son esencialmente egoístas y por tanto éticamente erróneas.
Y así, el centro del debate debe ser el carácter esencial de los impuestos como generadoes de equidad y como medios promotores de la justicia social. En aquella ley, hábilmente escamoteada al debate público, ninguno de estos aspectos se cumple.
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