El pasado 9 de septiembre se recordó el Día Internacional contra las Falsas Denuncias, fecha que busca poner en el debate público una realidad lacerante, respecto a las acusaciones malintencionadas en el sistema de justicia, en las que el daño puede comenzar mucho antes que la sentencia.
Esta mala práctica, como una nueva pandemia, puede multiplicar sus efectos de manera devastadora, por eso, la reflexión empieza mucho antes de los tribunales, en el hogar, en la escuela, en la formación. Desde pequeños debemos aprender que no estamos en el mundo para engañar, mentir, manipular o satisfacer nuestros caprichos a cualquier precio. Estamos también para asumir las consecuencias de nuestros actos. La educación en valores no puede ser un discurso decorativo; debe convertirse en una práctica cotidiana.
Difamar puede resultar fácil para quien ha perdido el sentido de la responsabilidad. Basta una palabra, un relato inventado, una publicación o una acusación lanzada al aire. Lo difícil es reparar después aquello que se destruyó, la honra, la confianza, el trabajo, los vínculos familiares, la tranquilidad y, muchas veces, la dignidad de una persona. En tiempos de redes sociales, una acusación puede recorrer el mundo en minutos, mientras la verdad, camina a paso lento.
En Loja, un caso que ha generado consternación y que en determinados espacios ha sido denominado “Justicia para un padre inocente”, nos obliga a detenernos y reflexionar que no debemos jugar con el engaño, inventar historias para hacer daño o utilizar la denuncia como instrumento de venganza.
Porque detrás de cada nombre señalado existe una vida. Y ninguna rectificación conseguirá borrar completamente la huella de una difamación. Tarde o temprano, nuestras acciones regresan a nosotros, por ello educar para la verdad es una forma de justicia. Y quizá también de impedir que nuestros hijos hereden una sociedad donde destruir la honra de otro resulte más fácil que defender la propia.
Lucía Margarita Figueroa Robles
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