Diego Esparza Aguirre está a la espera de recibir la documentación sobre todo lo que comprende este proyecto.
El tema de los infocentros en Zamora Chinchipe y en la región amazónica en general preocupa al asambleísta de esa provincia, Diego Esparza Aguirre, quien ante ello solicitó un informe a la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino Isaías, a fin de conocer el actual estado jurídico, administrativo y de recursos humanos de estos establecimientos.
Los infocentros es un proyecto de este Ministerio, que se lleva a cabo en coordinación con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Se trata de espacios con salas de cómputo en sectores rurales, en donde la población accede a Internet gratuitamente para asistir a clases virtuales o realizar trámites digitales, con acompañamiento de personal capacitado.
Pedido
El pedido se realizó luego de una reunión mantenida el 22 de junio pasado con el personal de los infocentros y luego de recibir documentación el 25 de junio, por parte de la Asociación Nacional de Servidores y Profesionales CNT, en la que se detalla un posible uso de recursos del proyecto “Potencialización de los Infocentros y Conectividad en la Amazonía”, financiado por la Secretaría de la Amazonía, en otras actividades, al punto de estar en riesgo la continuidad del personal de los infocentros.
El tema fue planteado en la misiva a la ministra de Telecomunicaciones, además de solicitar un informe sobre las gestiones realizadas para la reapertura de los infocentros cerrados y el avance de cumplimiento de la “Agenda Digital Ecuador 2021-2022 Conectar-Incluir-Innovar” en la provincia de Zamora Chinchipe, que incluye iniciativas como Internet del barrio, Conectando Comunidades, entre otras.
También se cuestionó si se han realizado coordinaciones junto al Ministerio de Educación, gobiernos seccionales (provinciales, cantonales y parroquiales) u otros organismos para la dotación de tables, laptops, o dispositivos que permitan la conexión de estudiantes en zonas wifi de sectores rurales.
PARA SABER
La solicitud de información está amparada en las competencias de fiscalización y control político a las instituciones del Ejecutivo, establecidas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.