Las medidas impuestas por el FMI desde hace décadas vienen desencadenando protestas a lo largo y ancho del continente. Gobiernos irresponsables para quienes ha sido más importante entregar los recursos naturales y la soberanía de sus países a organismos extranjeros que tratar de paliar los problemas endémicos de nuestros golpeados países.
Ecuador no ha sido la diferencia. Los acontecimientos de octubre de 2019 se vieron truncados por la pandemia; tal vez por eso no se llegó a feliz término de la destitución de Lenin Moreno.
Hay que resaltar un detalle que sucedió en las manifestaciones de 2019 a nivel latinoamericano: todas estuvieron marcadas por la violencia: en Chile quemaron una iglesia católica, En Bolivia ardieron centros comerciales, En Colombia, algunos muertos víctimas de las revueltas y así por el estilo ocurrió en la llamada primavera latinoamericana, haciendo referencia a las revueltas de los países árabes del norte de África de 2011.
Las protestas que históricamente han librado nuestros indígenas, jamás se habían visto empañadas por la violencia (delincuencial). Es últimamente cuando asoma este fenómeno y ha quedado casi comprobado que son las mismas organizaciones represivas que usan infiltrados para sembrar el caos y luego echar la culpa a los manifestantes y de esta manera con la ayuda de la prensa libre e independiente posicionarlos como hechos vandálicos perpetrados por los manifestantes para crear una resistencia social contra ellos, odio que se hará presente cada vez que éstos alcen su voz.
Doblemente o multiplicadamente hay que admirar el heroísmo de nuestros hermanos indígenas que aún repudiados por quienes se han dejado convencer de los medios de comunicación y las élites, se levantan cada que un Gobierno dicta leyes en contra de millones de ecuatorianos.
Según las previsiones mundiales, por las políticas dictadas por el FMI a los gobiernos especialmente latinoamericanos, a mediados de 2022 habrá múltiples manifestaciones a lo largo y ancho del continente, todas con un mismo matiz: hechos vandálicos y crímenes, supuestamente desencadenados por los manifestantes.
Ecuador no ha sido la excepción: las protestas de millones han sido invisibilizadas por quienes detentan el poder y por quienes tienen interés en que se siga sometiendo al país. Por quienes han impuesto una agresiva política neoliberal y que pretenden privatizar las entidades estatales para venderlas a costo de gallina enferma, aprovechando de las facilidades que se les dará desde el gobierno. Allí están los financistas económicos de las campañas, allí están los del ala religiosa del Opus Dei, los banqueros que han hecho del Ecuador un desastre económico los últimos 30 años y reiteramos: quienes se han dejado convencer con lo que nos repiten al unísono los Medios de la Comunicación.
Es deprimente ver dentro de todo este aparataje construido para desprestigiar a quienes protestan a las llamadas fuerzas del orden: policía y fuerzas armadas arremetiendo contra quienes pagan sus sueldos. Una lucha desigual del pueblo uniformado contra el pueblo sin uniforme.
Como en los momentos más tenebrosos de la hermana Colombia, los falsos positivos ya son una forma de actuar casi normal en nuestro país por los infiltrados, es decir perpetrar ilícitos para endosárselos a los manifestantes que luego serán linchados por los Medios de comunicación.
Ahora. Se ha decretado el uso progresivo de la fuerza, es decir una licencia de abuso por parte de las llamadas instituciones del orden en la que cada uniformado se vuelve juez para decidir si es correcto o no usar su fuerza en contra especialmente de los manifestantes. (Dato curioso, estas medidas tal parece que están direccionadas contra quienes protestan y no contra la delincuencia que sí azota día a día a nuestros ciudadanos).
En fin, cada ecuatoriano siente en carne propia la situación económica que atravesamos, cómo la carestía de la vida se recrudece cada día, la ausencia total de medicinas y atención en los hospitales, se siente un quemeimportismo total por parte del Gobierno en contra de la inseguridad. En definitiva, se ha empeorado de una forma bárbara la ya precaria situación de los ecuatorianos. El derecho a la protesta está contemplado en la constitución y reprimir las marchas es ilegal desde todo contexto jurídico y moral.
Echar la culpa de las protestas a agentes externos, es lavarse las manos de una forma por demás mediocre frente a la gran responsabilidad que tienen para con el país. La nación entera sale a las calles porque ya no aguanta más, porque la inseguridad, la alta carestía de la vida y precisamente la falta de oportunidades se han enquistado en la sociedad gracias a un gobierno que, indolente ha gobernado solo para su círculo más cercano.
Hever Sánchez M.
@Hever_Sanchez_M