El acceso libre a la información pública resulta determinante en un sistema democrático ya que constituye no sólo una herramienta que permite planificar y definir la política desde el gobierno sino también confrontar al discurso oficialista sobre la realidad que vive un país. De ahí que toda acción que esté encaminada a bloquear la circulación de datos de interés general, constituye un peligroso golpe al propio sistema político, en tanto facilita posicionar el discurso dominante, sin el debido y necesario contraste, y la instalación del llamado pensamiento único al elevar la palabra gubernamental a la calidad de evangelio.
Todos sabemos que a la autoridad no le gusta ser confrontada y menos aún arrinconada con cifras que muchas de las veces la contradicen abiertamente. Por eso el trabajo de fact checking (verificación de los hechos) resulta incómodo para quienes son proclives a la mentira o al cuento chino.
De ahí que preocupa que el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) no haya publicado hasta ahora los datos oficiales de empleo y de pobreza, acumulando un notorio y hasta ahora inexplicado retraso, lo que no permite tener cifras en cuanto a empleo de los meses de junio y julio 2026 y de pobreza y desigualdad que registra el Ecuador en el primer semestre del año.
Y es que cuando no se aclaran debidamente estos desfases, la gente comienza a desconfiar y si la institución encargada de la producción de la información estadística oficial muestra un silencio ensordecedor termina por dilapidar su mayor activo que es la credibilidad.
Estos contratiempos, sin duda, ponen en debate la necesidad de contar con un organismo que no sea una dependencia adscrita al poder de turno, sino una institución técnica con la suficiente autonomía e independencia para cumplir su labor.
Giovanni Carrión Cevallos
@giovannicarrion