La función de un juez en una democracia va más allá de la aplicación de leyes; implica proteger derechos constitucionales. Identificar vulneraciones de estos derechos es crucial para garantizar justicia y equidad en la sociedad. Un juez debe ser capaz de observar y actuar ante cualquier acto que atente contra los derechos fundamentales de los individuos.
La vulneración de derechos constitucionales puede presentarse en diversas formas, desde la violación de la libertad de expresión hasta la falta de acceso a un debido proceso. Para identificar estas violaciones, un juez debe analizar tanto los hechos del caso como el contexto jurídico del mismo. Es esencial que el juez interprete la Constitución de manera que maximice la protección de los derechos fundamentales.
Un punto clave en este análisis es la distinción entre legalidad y constitucionalidad. La legalidad se refiere al cumplimiento de la ley y los procedimientos establecidos. Sin embargo, la constitucionalidad implica evaluar si una ley o acción respeta los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Un acto puede ser ilegal e inconstitucional simultáneamente, para lo cual, los jueces deben aplicar un enfoque de interpretación que priorice los valores y principios constitucionales. Esto incluye técnicas de interpretación que consideren el contexto y propósito de la Constitución, así como los derechos que busca proteger y los precedentes judiciales que refuercen esta interpretación garantista.
Las garantías jurisdiccionales, como la acción de protección, son esenciales en la defensa de los derechos constitucionales. Estas garantías permiten a los ciudadanos recurrir a los tribunales cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados. La existencia de estas herramientas no solo fortalece el acceso a la justicia, sino que también actúa como un mecanismo de control sobre el poder estatal, asegurando que las acciones de las autoridades sean conformes a la Constitución.
Daniel González Pérez
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