La democracia es una máquina que precisa de la verdad para existir y para funcionar. Idealmente sus engranajes deben estar siempre lustrosos y libres de cualquier tipo de herrumbre, de cualquier hilacha que pudiera entorpecer sus delicadas operaciones, de cualquier bicho que excrete mentiras y obstruya con ellas el mecanismo que permite el bienestar del Estado y de sus ciudadanos. Las mentiras, en efecto, constituyen una de las peores amenazas para la democracia. Cuando se filtran en el libre flujo de la discusión política contaminan de manera irremediable la confianza ciudadana en el sistema de gobierno y en las propias ideas de soberanía popular y de mandatarios elegidos para servir, que son los cimientos de cualquier sistema que se proclame democrático.
Mucho más graves y nocivas son las mentiras que pueden surgir desde las instancias de autoridad. Sí estas falsedades tienen el respaldo del poder público y se imprimen bajo los emblemas patrios, crean en el ciudadano una ilusión de veracidad que pronto se ve desmentida por los hechos. La decepción consiguiente da paso a una sensación de incertidumbre que se difunde en toda la sociedad con serias consecuencias en la confianza mutua que los ciudadanos requieren para sus actividades privadas.
En este punto de la historia del Ecuador debemos aceptar que la mentira se ha instalado como una práctica normal de la actividad política, del ejercicio de lo público, de la comunicación periodística y de la administración de justicia. Se miente con tal facilidad y profusión que pareciera que la verdad es un pecado y se señala con un dedo acusador a cualquier desprevenido que pida acciones consecuentes con la realidad. De esta forma nuestro pequeño motor democrático se atrofia, se ahoga, convulsiona y se acerca peligrosamente a su obsolescencia final.
Carlos García Torres
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