Las reformas a la Ley de Comunicación aprobadas por la Asamblea Nacional han recibido las más severas críticas de los gremios periodísticos: UNP, Fenape, colegios de periodistas del país, porque se plantea dar a la Defensoría del Pueblo la facultad de recibir denuncias o reclamos por presuntos incumplimientos de la normativa.
El informe de minoría que concluye con estas reformas que se aprobaron casi sin debate y sin leerlo generó malestar en el Ejecutivo, por su contenido, así como ha sido calificada la nueva “ley mordaza”.
La Ley de Comunicación, vigente desde 2013 y promulgada por el gobierno de Rafael Correa, fue muy criticada incluso a nivel internacional, por haberse creado un cuerpo de Ley represivo contra la libertad de expresión. Hoy, renace la propuesta que tiene el auspicio del correísmo y de la Conaie, a través de Pachakutik, cuyo objetivo principal es revivir algunos de los temas que quedaron por fuera de la ley en 2019.
Lo aprobado por la Asamblea es diametralmente opuesto al texto que proponía el Ejecutivo, que buscaba ir hacia una autorregulación de medios y periodistas, y reducía al mínimo el papel del Consejo de Regulación de la Comunicación.
La propuesta aprobada, en cambio, plantea nuevas formas de hacer reclamos ante contenidos periodísticos, habla de sanciones y procesos de capacitación, de información falsa y de medios oficiales. Entre los artículos 13 y 35, la ley aprobada da un nuevo rol a la Defensoría del Pueblo lo que resulta inadmisible y risible, para garantizar las libertades fundamentales en donde se sustenta la democracia.
Los periodistas agremiados y los independientes solicitan al presidente de la República el veto total a lo aprobado por la Asamblea en esta materia, para mantener incólume la libertad de expresión. Debe hacerlo si verdaderamente se pretende mantener la democracia.
Luis Muñoz Muñoz