Los casos Metástasis y Purga han desnudado la decadencia del sistema judicial del Ecuador. Los que se suponían eran “honorables jueces” son señalados de ser parte de la delincuencia organizada y el narcotráfico. De entre los procesados, más de una docena fueron “docentes” universitarios y catedráticos en la Escuela de la Función Judicial.
Tradicionalmente se ha vinculado a jueces a la docencia universitaria, especialmente a la carrera de Derecho, como una manera de enaltecer la carrera y la imagen institucional, sin considerar el conflicto de intereses que conlleva cuando los jueces también se desempeñan como docentes universitarios.
El pago de favores es otro aspecto que debe considerarse en el desempeño como docentes universitarios de los jueces. Existe el riesgo de que sean tentados a usar su posición como un medio para pagar favores o favorecer a personas o instituciones. Un juez que recibe un trato preferencial por parte de las autoridades universitarias puede sentirse presionado a encubrir posibles actos de corrupción. Esto socava la integridad del proceso educativo y erosiona la confianza en el sistema judicial y académico.
La autoridad moral de los jueces para dictar cátedra sobre los principios y valores de la justicia es fundamental en su desempeño como docentes universitarios. Los jueces, como guardianes de la ley, tienen la responsabilidad de transmitir no solo conocimientos legales, sino también principios éticos y morales. Sin embargo, esta autoridad moral puede verse comprometida si los jueces se ven envueltos en actos de corrupción o si su conducta personal no refleja los valores que enseñan. Los estudiantes necesitan modelos a seguir que encarnen los ideales de justicia, equidad e imparcialidad. Si los jueces no cumplen con estos estándares, su capacidad para inspirar y educar a las futuras generaciones se convertirá en una farsa.
Pedro Piedra García