«Cuando la justicia teme al poder, la democracia empieza a morir silenciosamente.»
La consulta popular propuesta abre un debate trascendental en el Ecuador: ¿deben los jueces de la Corte Constitucional ser sometidos a juicio político por el contenido de sus fallos? Esta pregunta merece reflexión serena y responsable, porque en ella se juega la esencia de nuestro Estado de Derecho y la vigencia de la democracia constitucional.
Los jueces constitucionales no actúan como legisladores ni como representantes políticos; su función es interpretar la Constitución y garantizar los derechos fundamentales. Pretender destituirlos por la naturaleza de sus sentencias equivale a condicionar la justicia al poder político, debilitando la independencia judicial y reduciendo la Constitución a un texto sin resguardo.
La doctrina comparada y la práctica internacional son claras: los jueces de altas cortes pueden ser responsabilizados por actos de corrupción, delitos graves o abuso de poder, pero nunca por el contenido de sus resoluciones. Así lo ha reiterado incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subrayando que la independencia judicial es una garantía indispensable para la ciudadanía.
El riesgo de aprobar esta propuesta es evidente: los jueces pensarían dos veces antes de emitir fallos que incomoden a la mayoría política. En lugar de proteger a los ciudadanos, se cuidarían de no contrariar a quienes tienen poder de destituirlos. Así, la Corte Constitucional dejaría de ser un tribunal autónomo para convertirse en una instancia política sin verdadera autoridad moral ni jurídica.
«La libertad de los jueces es la garantía de nuestra libertad; protegerla es proteger la esencia misma de la República.»
Frank Castillo Ramírez
@Frankeditson