La justicia electoral en el Ecuador enfrenta retos fundamentales para garantizar un sistema democrático sólido y transparente. La función de los jueces en este contexto es crucial, deben administrar justicia con estricto apego a las normas, sin ceder ante presiones políticas o partidistas. Su labor no solo implica interpretar la ley, sino hacerlo en respeto a la legalidad, tipicidad, proporcionalidad de las sanciones y la convencionalidad, es decir, en armonía con los tratados internacionales que Ecuador ha suscrito.
Uno de los principales desafíos radica en evitar la instrumentalización del sistema judicial con fines políticos. En tiempos recientes, hemos observado un aumento en la presentación de acciones judiciales que buscan obtener fallos con tintes políticos, en lugar de abogar por la correcta aplicación de la ley. Esta tendencia no solo distorsiona el papel de la justicia, sino que pone en riesgo la estabilidad democrática del país. Manipular la administración de justicia con fines partidarios es un peligro que debilita los procesos electorales, afecta la confianza de la ciudadanía y erosionan los principios del Estado de derecho.
El uso legítimo de las instancias judiciales debe estar dirigido a salvaguardar la legalidad y proteger los derechos de participación de los ciudadanos y demás sujetos políticos, no a consolidar o desestabilizar poderes de turno. Si los jueces caen en la trampa de los intereses partidistas, el sistema pierde credibilidad y la justicia se convierte en un instrumento de poder, en lugar de un pilar de la democracia.
Por ello, la independencia judicial es un principio que debe ser protegido a toda costa. La imparcialidad y el compromiso con la ley deben guiar a los jueces en cada fallo que emitan, fortaleciendo así el proceso electoral y asegurando la participación de la ciudadanía en condiciones justas y transparentes.
Daniel González Pérez
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