Señala que administraciones municipales diferentes a la suya estuvieron en contubernio con la empresa.
El anuncio de los 13 millones con 100.000 dólares que una perito determinó que debería recibir la empresa Safety Enfocement de parte del Municipio de Loja, en el marco de un proceso legal, generó reacciones de varios sectores y personajes, siendo uno de ellos el exalcalde José Bolívar Castillo Vivanco, quien actualmente es candidato a esa dignidad.
Al exburgomaestre se lo señala porque en su última administración fue cuando se firmó el contrato con Safety, y de ahí se dice que empezaron los problemas entre el Municipio y la empresa, llegando a instancias legales que a su vez han establecido posibles perjuicios económicos para el Municipio.
En diálogo con HORA32, Castillo Vivanco indicó que el proyecto para implementar fotorradares para el control de velocidad en Loja se dio cuando era alcalde Jorge Bailón Abad. El hoy candidato, tras asumir en 2014 su última administración municipal, dice que el gerente de Safety conversó con él para decirle que ya todo “estaba oleado y sacramentado” con el Municipio y que lo que faltaba era firmar el contrato. “Entonces le dije un momento señor: aquí está una nueva administración y tienen que hacerse las cosas legalmente, hicimos la convocatoria”, recuerda, indicando que en ese entonces solo Safety poseía la tecnología para el control de velocidad.
Manifiesta que se llegó a una negociación con la empresa, pero “en condiciones mucho más favorables que lo que este señor negoció y contrató con los otros municipios del país”, aclarando que no existía otra empresa que en el Ecuador oferte este tipo de servicio. “Era una tecnología que la tenían ellos (Safety) y que era indispensable por el problema de la enorme siniestralidad urbana”, expresa, agregando que era fundamental controlar la velocidad vehicular en la ciudad porque también se empezó con los proyectos de uso de scooters y ciclovías.
José Bolívar Castillo Vivanco indica que el contrato celebrado con Safety se lo hizo con transparencia, “cumpliendo todos los requisitos legales y se puso en ese contrato cláusulas que eran bastante duras para la empresa”. Entre esas cláusulas estuvo que el contrato duraba cinco años, desde el 5 de mayo de 2015 hasta el 5 de mayo de 2020, y al finalizar, Safety debía entregar al Municipio, gratuitamente, todos los equipos tecnológicos, el software y capacitar a los agentes civiles de tránsito para que ellos se encarguen de esa labor.
Asimismo, asegura que siempre hubo “un contubernio permanente” entre Safety y la administración “del club de revocadores”, y que de ello se desprende que la empresa haya, supuestamente, retirado sus equipos tecnológicos con el aval de la administración “que sigue presente en el Municipio”. “Los equipos de los fotorradares no son equipos que se puedan llevar en una maleta o en un portafolio, ahí tenía que haber complicidad de la administración municipal”, observa.
Le llama la atención también que la acción de protección de Safety contra el Municipio se haya presentado en Quevedo y no en Loja, argumentando que eso se debió “a la desgracia de Justicia que tenemos en este país”. Por ello considera que el proceso legal debe ser objeto de nulidad.
VOZ
“Los equipos de los fotorradares no son equipos que se puedan llevar en una maleta o en un portafolio, ahí tenía que haber complicidad de la administración municipal”