El procurador general del Estado aclara que “las personas jurídicas no tienen derechos laborales”.
El caso que involucra al Municipio de Loja con la empresa Safety Enforcement no es ajeno para la Procuraduría General del Estado (PGE).
Recordemos que una sentencia de primera instancia dictada por una jueza de Quevedo, ordena al Municipio a pagarle cerca de 12 millones de dólares a la compañía. Ese fallo fue apelado por la institución municipal y el jueves 2 de diciembre de 2021, se cumplió la audiencia pero aún no se conoce si se ratificará o revocará la orden de pagar la millonaria suma.
El procurador general del Estado, Íñigo Salvador Crespo, durante una visita realizada a Loja en recientes días, enfatizó que la entidad que preside “está interviniendo activamente en la defensa del Municipio de Loja”. Dice que la demanda de acción de protección que planteó Safety en Quevedo fue de manera “absolutamente irregular” con la finalidad de “alejarla de su foro natural que son los juzgados del cantón Loja y de la provincia”.
De parte de la PGE, quien intervino en defensa del Municipio en la audiencia de apelación desarrollada la semana anterior, fue una abogada que pertenece a la Dirección Regional 1 de Guayaquil, que es la que tiene competencia sobre la provincia de Los Ríos. “Ahí se han alegado en defensa del Estado una serie de argumentos”, manifiesta Salvador Crespo.
Uno de los aspectos que llama la atención al procurador general del Estado es el que este caso que involucra a Loja se ventile en otra provincia. El pago de los cerca de 12 millones de dólares que ordena la jueza también sorprende a Salvador Crespo, principalmente porque se aduce que existe una supuesta violación de derechos laborales a una persona jurídica, en este caso Safety. “Eso no se ha oído nunca. Las personas jurídicas no tienen derechos laborales”, aclara.
Finalmente, el alto funcionario confía en que la sentencia que ahora se espera luego de la audiencia de apelación, será favorable para el Municipio de Loja.
CLAVE
La audiencia de apelación a la sentencia que obliga al Municipio a pagar los cerca de 12 millones de dólares, se realizó el jueves 2 de diciembre de 2021.