Especialista indica que hay demora en los trámites para acceder a esos derechos constitucionales.
El hacinamiento en los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador a decir de Juan Pablo Granda, abogado en libre ejercicio y especialista en temas penitenciarios, obedecería al retraso de los trámites en la Comisión de Beneficios Penitenciarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), que no agiliza los pedidos de cambios de regímenes penitenciarios.
Granda Matailo indica que el cambio de regímenes penitenciarios de semiabierto a abierto permitiría que los centros de Rehabilitación Social del Ecuador y ante todo el de la provincia de Loja en el cual también se alberga a los sentenciados de la provincia de Zamora Chinchipe se descongestionen, porque saldría la mayoría de penados que han cumplido el 60% de la sentencia que un Tribunal de Garantías Penales a ellos les asignó.
El especialista en temas penitenciarios ha experimentado en carne propia la tardanza que la Comisión de Beneficios Penitenciarios del SNAI tiene con esos trámites. El jueves 1 de julio de 2021 gestionó los cambios de regímenes para algunas personas privadas de la libertad y hasta ayer no conocía si sus pedidos fueron admitidos o negados para tomar otras alternativas que favorezcan a sus usuarios que de acuerdo a la ley tienen derecho.
Plantea tres opciones
Granda Matailo espera que con la declaración del estado de emergencia en el sistema carcelario del Ecuador se permita que las personas privadas de la libertad accedan a esos regímenes penitenciarios y el plantea dos opciones: que el expediente de quienes han cumplido el 60% de la pena no vaya a la Comisión de Beneficios Penitenciarios del SNAI sino que un juez de Garantías Penitenciarias resuelva ese pedido.
«La segunda opción sería que un juez de Garantías Penitenciarias que tenga conocimiento de que las personas privadas de la libertad han cumplido con el 60% de la sentencia automáticamente disponga que esas personas que no representan ningún peligro para la sociedad se beneficien de esos regímenes que deben aplicarse para de esa manera reducir el hacinamiento carcelario en el Ecuador», explica Granda Matailo.
El especialista en materia penitenciaria indica que en la cárcel local hasta junio de 2021 habían 903 personas y la mayoría de ellas tendrían sentencias condenatorias por delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización y robo. Granda Matailo ve viable una tercera opción y considera que el presidente Guillermo Lasso Mendoza debe indultar a las personas que han sido sentenciadas por delitos menores a 10 años.
PARA SABER
Guillermo Lasso Mendoza dijo que cinco mil personas privadas de la libertad que no son peligrosas y han cumplido con el régimen disciplinario podrían ser liberadas.