Con el propósito de establecer principios básicos que regulen la convivencia civilizada dentro de una comunidad, se suscribe un contrato social a través del cual los individuos ceden parte de las libertades en función de reconocer a una autoridad, así como la existencia de un marco legal e institucional de obligatoria observancia por parte de los ciudadanos que tienen definidos deberes y derechos.
Cuando ese contrato social está en crisis ya sea porque la autoridad legítimamente elegida entra en dispuesta con otros actores no estatales ni legales para ejercer el poder real; o no existen pesos y contrapesos entre las diferentes funciones, volviendo a la democracia en una farsa; o se pierde el control del territorio o parte del mismo, principalmente en zonas dominadas, valga decir, por organizaciones criminales; o se relativiza la aplicación del monopolio de la violencia asignado al Estado y del que se apropian otros sujetos; o se violan los derechos humanos, son claros indicativos de una seria fractura en el ordenamiento jurídico de la sociedad y de ahí que se hable de la existencia de un estado fallido o, quizá, inestable, en el mejor de los casos.
En cuanto a Ecuador, muchos de estos problemas se presentan en diferentes grados de intensidad, que dejan entrever a un país dado al garete, donde no se respeta la ley, la democracia termina convertida en una etiqueta que esconde obscenamente, en términos prácticos, la falta de participación ciudadana que es uno de los elementos potenciadores de ese sistema de gobierno.
Que Ecuador sea un estado fallido o inestable, son conceptos que están para el debate teórico, no obstante, el escenario poco alentador de una organización estatal en descomposición lo que genera en la población es angustia y desesperanza.
Giovanni Carrión Cevallos
@giovannicarrion