Desde hace más de un mes una buena parte de la ciudad ha sido sometida a un asedio en toda regla. Grandes barricadas, construidas con el pavimento levantado y la tierra excavada, se levantan en calles y esquinas de varios barrios de nuestra Loja. Cruzar desde el sur de la ciudad hacia el norte se ha vuelto más dificultoso que atravesar el muro de Berlín en los tiempos de la guerra fría. La Universidad Técnica Particular de Loja sufre más que ninguna otra institución los efectos de este pertinaz estado de sitio. Sus entradas en oriente y occidente, sus espacios de estacionamiento, sus mismas instalaciones educativas se encuentran bloqueadas por trabajos que avanzan muy poco o que se encuentran directamente abandonados. Al parecer no existe conciencia de la cantidad de personas que, de todos los rincones del país, acuden todos los días a este centro de estudios ni del elevado número de servidores que trabajan en el campus universitario. Tal situación se mantiene sin esperanzas de solución.
Mientras tanto hace algunas semanas un concejal hizo una grave denuncia con respecto a los contratos para la pavimentación que ha suscrito el Municipio de Loja. Los medios de comunicación divulgaron que se hizo un adelanto de casi cuatro millones de dólares y que los contratistas proponían la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo. Al parecer la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública permite grandes espacios de flexibilidad ética con respecto a la calidad y oportunidad de los servicios públicos.
Frente a todo ello solo queda elevar la mirada al novísimo cuerpo edilicio que cuenta con prestantes miembros con larga experiencia. A ellos les corresponde, en ejercicio de su facultad fiscalizadora, inquirir sobre la ejecución de estos contratos y guiar, si fuera necesario, las acciones que son imprescindibles.
Carlos García Torres
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