Para muchos lectores este tema resultara controversial, debido principalmente al protagonismo que ha tomado el poder político y el sindicalismo en la región, generando problemas significativo sobre la sociedad, con consecuencias que se ven reflejadas en el lento desarrollo de los países, producido en su mayoría por efecto de las múltiples prácticas corruptas, como, mal versación de fondos públicos, aceptación de sobornos, uso indebido de influencias y participación directa en actividades ilícitas, lo que socava la institucionalidad, la democracia y frena el desarrollo económico y social.
En la región las dinámicas del poder político y sindical han estado vinculadas a procesos históricos de democratización, reformas económicas y estructuras institucionales débiles. En la mayoría de los estados, la cercanía entre los políticos, los partidos políticos y las organizaciones sindicales han creado verdaderas redes para el clientelismo y los contratos estatales, desembocando en prácticas propicias para el enriquecimiento ilícito.
Los políticos y la dirigencia sindical han influido en el desarrollo económico en la región, por su cohesión en los pactos para el manejo de los recursos y el tráfico de influencias, lo que ha generado procesos administrativos oscuros que entorpecen la entrega de los mismos, disminuyen la eficiencia administrativa, alejan la inversión e incrementan la desigualdad social, ya que los benéficos son observados como parte de la lealtad, frente a los méritos o necesidades sociales, cuyas consecuencias a largo plazo se reflejan en un crecimiento económico lento, una menor productividad y poca inversión extranjera.
Claro ejemplo de lo dicho son los casos en Ecuador de los latisueldos de CELEC y la secretaria del Sindicato Único de Obreros del IESS en Azuay, Rosa Argudo (López, 2024). Para mitigar estos problemas, es importante generar y promover mayor conciencia y participación ciudadana, que incluya, adecuado fortalecimiento institucional, alejado de intereses políticos, donde la meritocracia obedezca al conocimiento y capacidad, y no al favoritismo, lucha frontal contra la corrupción y promover una gobernanza basada en competencias que permitan el desarrollo sostenible.
Pablo Ortiz Muñoz
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