Vista la realidad tal cual es, parecería que los abusos contra los clientes son connaturales a la existencia de la banca, lo cual se refleja en las exorbitantes ganancias y utilidades que percibe. Un claro ejemplo es el otorgamiento de tarjetas de crédito plagadas de planes, programas, seguros y “servicios” similares que el tarjetahabiente no ha solicitado ni consentido. Entre ellos figuran los famosos planes de recompensa y prestaciones en el exterior que abusivamente los cobran cada año, y cuya contratación es voluntaria según la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Ley Orgánica para Defender los Derechos de los Clientes del Sistema Financiero Nacional y Evitar Cobros Indebidos y Servicios No Solicitados, y la Resolución No. SU-2017-027, emitida por la Superintendencia de Bancos.
De hecho, esta última normativa prohíbe de manera expresa que la contratación de estos programas se obligue o condicione al momento de la aceptación de los contratos de apertura de las tarjetas de crédito. No obstante de ello, lo que sucede en la realidad es que no solo en los contratos de apertura sino inclusive en los de reposición del plástico de la tarjeta, los bancos obligan a los tarjetahabientes a aceptar tanto los planes de recompensa como de prestaciones en el exterior, sin que haya posibilidad de que el cliente exprese su negativa de contratar. Y cuando se solicita su cancelación, alegan que el cliente ha aceptado de manera expresa y que en tal caso lo que pueden dar de baja es el programa de recompensas, más no el de prestaciones en el exterior, porque este último corresponde a “mantenimiento” y a “beneficios propios que las tarjetas internacionales tienen por parte de las franquicias que las emiten”. Pero lo paradójico es que por más reclamos que se presenten en la Superintendencia de Bancos, estos tampoco dan resultado. Da la impresión, sinceramente, de que este organismo no es más que una sucursal del poder bancario de este país. Además de ciertos intendentes mediocres, cuyas resoluciones son mamotretos jurídicos, se presta para encubrir los abusos de uno de los poderes más gigantescos y perniciosos de este país, cuando su mandato legal prescribe lo contrario. Solo en la República del Banano.
José Luis Íñiguez G.
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