En toda sociedad democrática, el derecho a una buena administración pública es esencial para garantizar la eficiencia, transparencia y equidad en la gestión de los asuntos públicos. Este derecho, reconocido en Ecuador y en diversos ordenamientos jurídicos, busca asegurar que los ciudadanos reciban servicios de calidad, decisiones justas y un trato respetuoso por parte de las instituciones gubernamentales.
La buena administración implica que las autoridades actúen con imparcialidad, responsabilidad y dentro del marco legal. En este sentido, los ciudadanos tienen el derecho de exigir que los procedimientos administrativos sean claros, accesibles y predecibles. Además, deben contar con la posibilidad de presentar reclamaciones cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados, promoviendo así la rendición de cuentas y la mejora continua de las instituciones.
Uno de los principios fundamentales de este derecho es la transparencia. La ciudadanía debe tener acceso a la información pública para evaluar el desempeño de sus gobernantes y participar activamente en la toma de decisiones. La lucha contra la corrupción es otro pilar clave, pues solo con instituciones íntegras se puede garantizar una administración eficaz y justa.
En la actualidad, organismos internacionales como la Unión Europea han reforzado la protección de este derecho, estableciendo normativas que obligan a las administraciones a actuar con diligencia y respeto a los principios de buen gobierno. Esto refleja la importancia de fortalecer el Estado de derecho y promover la confianza en las instituciones.
El derecho a una buena administración no solo es una garantía para el ciudadano, sino un compromiso que los gobiernos deben asumir para construir sociedades más justas y equitativas. Su cumplimiento es clave para el desarrollo democrático y el bienestar social.
Daniel González Pérez
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