El día 8 de septiembre del 2020 en la Corte Constitucional se presentó un pedido de consulta popular que trata de preguntar al pueblo cuencano si desean que en ciertas zonas de su territorio haya minería metálica a gran escala. La razón de la necesidad de esta consulta es que la presencia de empresas mineras en la zona afectaría de manera permanente las fuentes hídricas que los y las cuencanas utilizan. Esta no es la primera vez que una consulta popular trata de averiguar la opinión del pueblo cuencano. Otros tres intentos ya se hicieron y los tres fueron desestimados por la Corte Constitucional.
Utilizando argumentos abrumadoramente formalistas la Corte ha negado que esta consulta se pueda dar. En lugar de dar pie a un proceso con el más puro espíritu democrático, se detiene en nociones argumentales que incluso el más sabio en derecho constitucional tendría problemas en disipar. Aun así, el pueblo cuencano no desmaya esfuerzo y por cuarta vez intenta presentar un texto que sea del completo agrado de la Corte Constitucional.
Teniendo esto en mente vale la pena preguntarse ¿Por qué es necesario tanto esfuerzo en proteger algo tan vital como el agua? ¿Por qué la defensa de la vida debe ser tan angustiosamente burocrática?
Bien haría la Corte en recordar que su trabajo no es meramente mecánico y que la protección de los derechos siempre va a estar por encima de cualquier formalidad.