En Ecuador, enfermarse se ha vuelto una sentencia de angustia y, en demasiados casos, de muerte. La salud pública atraviesa una crisis que golpea a los más vulnerables, hospitales sin medicinas, enfermos renales sin diálisis por falta de pago a las clínicas, médicos y enfermeras impagos que aun así sostienen el sistema, y familias desesperadas que ven cómo el derecho a la vida se convierte en privilegio. La raíz no está en la falta de dinero, sino en los negociados en la compra de medicinas, en la corrupción enquistada y en la indiferencia política. Los recursos se diluyen en sobreprecios e intermediarios, mientras los pacientes esperan un antibiótico o una dosis de insulina. El resultado es un Estado incapaz de garantizar lo más básico. El gobierno actual, en lugar de enfrentar la tragedia, improvisa medidas parciales y prefiere la propaganda antes que la acción. Se buscan culpables en la burocracia, pero no se asume la responsabilidad política de garantizar un sistema de salud digno. ¿Qué país somos si los enfermos renales deben suplicar por una diálisis, si los hospitales piden a las familias que compren hasta una jeringa, si el personal de salud trabaja sin cobrar? La solución no está en discursos, sino en un pacto nacional por la vida: transparencia total en las compras, control ciudadano, pago inmediato a proveedores y trabajadores, y prioridad real para hospitales y centros médicos en el presupuesto. Cada niño que muere por falta de medicinas, cada paciente que se queda sin tratamiento, cada médico que espera su sueldo es una herida abierta. El mensaje es claro: la salud no puede esperar. Si el gobierno no escucha, corresponde a la ciudadanía alzar la voz y exigir lo que nunca debió faltar: un sistema de salud digno para todos.
Marco A. González N.
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