El procurador síndico señala que en esta etapa se demostrará que hubo “violación de derechos y normas constitucionales”.
Mediante una acción extraordinaria de protección, el Municipio de Loja pretende que en la Corte Constitucional (CC) la sentencia que favorece a la empresa Safety Enforcement sea revertida.
La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos, en mayo de este 2022, tras varios meses, emitió el fallo de la apelación que el Municipio presentó ante la sentencia de primera instancia en la que la jueza de Quevedo, Jenny Patricia Freire Arias, determinó un pago cercano a los 12 millones de dólares para Safety.
La apelación del Municipio a ese fallo fue aceptada de forma parcial, sin embargo, en otra parte de la sentencia emitida por la Sala Multicompetente, se admite que debe pagarse a Safety, aunque no determina un monto exacto, sino que se establece “que los valores que se deben pagar por reparación económica deben ser determinados en trámite contencioso administrativo conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”.
El procurador síndico del Municipio de Loja, Luis Tapia Montesdeoca, recuerda que luego de conocida esa sentencia, la institución presentó un recurso de aclaración y ampliación para conocer qué Tribunal Contencioso Administrativo es en el que se debe determinar el valor de la reparación económica. Con fecha 29 de julio de 2022, se conoció la respuesta donde se señala que es el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil donde se debe tratar lo del monto.
A más del recurso de aclaración y ampliación, el Municipio presentó una acción extraordinaria de protección que ya fue aceptada con fecha 2 de septiembre de 2022. Luego de varios días, con fecha 7 de septiembre, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos remitió la documentación del caso a la CC para que sea ahí donde continúe el proceso.
El procurador síndico enfatiza que en esta última instancia, como defensa legal del Municipio, se sustentará que existió “la violación de derechos y normas constitucionales” como la vulneración al principio de legalidad.
El funcionario dice que como Municipio también están pendientes de la reparación económica que debe determinar el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil. Deja en claro que la presentación de la acción extraordinaria de protección no suspende la ejecución de la sentencia de segunda instancia. “Estamos también pendientes de que se avoque conocimiento y nosotros ejercer la defensa técnica jurídica del Municipio como lo hemos venido haciendo”, expresa, y agrega que en Guayaquil, se justificará que la institución no tiene por qué pagar a Safety Enforcement “por cuanto nosotros no hemos incumplido el contrato bajo ningún concepto”.
CLAVE
El procurador síndico dice que la sentencia de la acción extraordinaria de protección demorará algunos meses, por lo que considera que la próxima administración municipal la conocerá.