De mandar a pagar, en última instancia, los 12 millones de dólares, no se ejecutarán las obras. Periodista solicita investigar contrato suscrito en 2015.
En los diversos sectores lojanos, incluso en el mismo Municipio, hay preocupación por el desenlace que pueda darse hoy, jueves 2 de diciembre de 2021, en la ciudad de Quevedo, desde las 12:00, vía telemática, donde se decidirá si el Ayuntamiento local, vía sentencia, cancela a la empresa Safety un valor aproximado de 12 millones de dólares, monto que, en criterio de muchos, quebraría a esa entidad pública.
Una acción de protección
Una sentencia, dictada por la jueza constitucional de Quevedo, Jenny Patricia Freire Arias, ordena al Municipio de Loja pagar la suma de 12 millones de dólares, aproximadamente, a la empresa Safety Enforcement, luego que esta presentara una acción de protección y que, en su momento, estuviera a cargo del control de los límites de velocidad en el cantón Loja mediante los denominados fotorradares.
Para el periodista y profesional del Derecho, Lindon Sanmartín Rodríguez, de ratificar hoy la sentencia dictada, en días anteriores, por la jueza constitucionalista, Jenny Patricia Freire Arias, el perjudicado será el pueblo lojano.
Tras resaltar la unidad de los abogados lojanos que, a través de la figura jurídica, ‘amicus curiae’, intervienen en el caso Municipio-Safety, el comunicador plantea al Colegio de Abogados, a través de su presidente, José Luis Silverio Palacios, y al Cabildo inicien un “estudio prolijo del contrato de las fotomultas, suscrito en mayo de 2015, porque adolece de muchas figuras jurídicas que puso en la indefensión a todos los lojanos porque no se determinó la socialización del mismo”.
Inquietud en los barrios lojanos
En los diferentes barrios también hay preocupación. Sixto Eugenio Alvarado, presidente de las Juntas de Desarrollo Barrial de Loja, hace notar aquello y va más allá al decir que este día es crucial para el cantón porque se definirá, en segunda instancia, el fallo emitido anteriormente por la jueza constitucionalista, que dispone cancelar a la empresa Safety una suma millonaria.
Dice que el monto económico de 12 millones no se compadece con el presupuesto participativo de los barrios que asciende a no más de seis millones, entonces, de pagar ese valor el Municipio “se dejaría sin obras a Loja y a los diferentes sectores”.
Considera que hoy debería salir la comunidad en general y actuar sobre la base de la unidad. También sugiere al Consejo de la Judicatura investigar a la “jueza que ha obrado de mala fe para Loja” porque ha actuado sabiendo que es de otra jurisdicción.
Pero si la sentencia es a favor de la Municipalidad, dice que eso debe servir como experiencia a la hora de realizar este tipo de contratos, sobre todo apegados a derecho.
‘Un golpe para Loja’
El coordinador General del Municipio, Efraín Muñoz Silva, expresa que, si hoy se ratifica la sentencia de la jueza de cancelar 12 millones de dólares, “sería un golpe durísimo para la administración municipal y para Loja” porque “repercutiría que no podamos atender con las obras que requiere la ciudadanía tanto de la urbe como de las parroquias”.
El presupuesto municipal aprobado para 2022 es de alrededor de 50 millones de dólares y si de este monto, a decir del funcionario, se desprende la cantidad de 12 millones se complica todo, en razón que se quita un aproximado de 25%.
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LA VOZ
“Loja debe estar atenta mañana (hoy) para salir en defensa de nuestros intereses económicos porque está, en los actuales momentos, en peligro la economía de todos los lojanos”,
Lindon Sanmartín Rodríguez, periodista lojano