Unos de los grandes males que tiene el Ecuador es que ni siquiera sus autoridades respetan la ley ¿Con qué cara, que no sea la de tuco, le pueden exigir al ciudadano común que la cumpla? Resultó bochornoso observar a la alcaldesa de Guayaquil clausurando locales educativos, mientras la ministra de Educación inauguraba el retorno a las clases presenciales.
No es difícil entender la disposición constitucional que ordena que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.
Si algo positivo tiene la Constitución es que determina competencias exclusivas para cada uno de los niveles de gobierno. Bien le haría a la alcaldesa leer el artículo 261 que establece que el Estado central tiene, entre sus competencias exclusivas, «las políticas de educación». Mejor todavía si revisa el Art. 264 y comprueba que los gobiernos municipales no tienen competencia alguna para clausurar establecimientos educativos.
Ya llegará el momento en que los electores juzguen el derroche de prepotencia de la alcaldesa socialcristiana. Al igual que sus padrinos se cree dueña de Guayaquil, resultando una mala imitadora de un estilo repudiable, que ha ocasionado que los líderes de PSC no sean más que caudillos regionales, en precipitada decadencia.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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