Ecuador atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de su historia contemporánea. Homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones, masacres carcelarias y el avance del crimen organizado han transformado la realidad nacional, generando una legítima demanda ciudadana de protección y orden público.
Las cifras evidencian la magnitud del problema. Durante 2025, el país registró niveles históricos de violencia, mientras las denuncias por desapariciones continuaron en aumento. Provincias tradicionalmente alejadas de estas dinámicas, como Loja, también han comenzado a experimentar hechos violentos que hace pocos años parecían excepcionales. La inseguridad ha dejado de ser una problemática focalizada para convertirse en una preocupación nacional.
Frente a este escenario, el Estado ha recurrido a mecanismos extraordinarios como estados de excepción, intervención militar en tareas de seguridad interna y el fortalecimiento de medidas de control. No obstante, la Constitución de la República establece que incluso en circunstancias excepcionales el ejercicio del poder público debe sujetarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y control constitucional.
La pregunta jurídica fundamental no es si el Estado debe combatir al crimen organizado; ello constituye una obligación ineludible. El verdadero debate consiste en determinar hasta dónde pueden extenderse las facultades extraordinarias del poder público sin afectar los derechos y garantías que caracterizan a un Estado constitucional de derechos y justicia.
La seguridad y la libertad no deben ser entendidas como valores opuestos. Una democracia sólida exige proteger simultáneamente a los ciudadanos frente a la criminalidad y frente a cualquier exceso del poder estatal. El desafío del Ecuador es encontrar ese equilibrio.
Frank Editson Castillo Ramírez
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