El reciente ajuste en la aplicación del IVA a alimentos procesados no es un simple tecnicismo tributario o burocrático; es un golpe directo, aunque disimulado, al costo de vida. Bajo el argumento de “corregir” clasificaciones, el Estado traslada una mayor carga fiscal a productos que, en la práctica, forman parte del consumo cotidiano de millones de ecuatorianos.
El discurso oficial insiste en que el efecto es mínimo porque los alimentos en estado natural mantienen tarifa 0%. Pero esa afirmación ignora una realidad evidente: el patrón de consumo ya no es el de hace décadas. Hoy, por razones de tiempo, trabajo y urbanización, los hogares dependen cada vez más de alimentos procesados. Gravar estos y otros productos al 15% no es neutro; es encarecer la vida diaria.
El efecto es regresivo, no afecta con la misma intensidad a todos. Son los hogares de ingresos medios y bajos los que terminan pagando más, porque destinan una mayor proporción de su gasto a este tipo de bienes. A esto se suma un efecto en cadena: mayores costos en supermercados, presión sobre precios y una inflación que, aunque no siempre se registre plenamente en los indicadores oficiales, se siente con claridad en el bolsillo. Más que una corrección técnica, esto evidencia una política fiscal desconectada de la realidad social. El resultado es claro: vivir cuesta más, aunque las cifras se puedan disfrazar con discursos.
Santiago Ochoa Moreno
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