Hace pocos días me llamo la atención, las palabras de una joven “para discutir conmigo tienen que estar a mi nivel académico” indagando, posee una maestría y a su corta edad supongo carece de experiencia.
La revalorización de los títulos de cuarto nivel en Latinoamérica es un tema de política pública. A nivel mundial crece la demanda por profesionales calificados, frente a esto, las instituciones académicas y los gobiernos han impulsado planes para cubrir la demanda y garantizar la empleabilidad y la competitividad.
En la región algunos países han implementado reformas para elevar el estatus de los títulos de cuarto nivel, Colombia, con la Ley 30 de 1992, reformada en 2014, estableció que la calidad de la educación superior y la revalorización de los títulos debían alinearse con modelos internacionales (Ministerio de Educación Nacional, 2020); México, acredito programas a través de la CIEES y con ello garantizar calidad e incrementar el reconocimiento social de los títulos, y así sucesivamente.
Sin embargo, hay problemas, el «negociado en las universidades», tanto públicas, como privadas, ofreciendo programas de pésima calidad o expedidos de forma irregular, por ingresos y no por calidad educativa. La oferta académica ha crecido vertiginosamente, en complicidad con autoridades, generando muchos casos donde carecen de reconocimiento oficial o de acreditación de calidad.
Según la UNESCO (2023), en varios países de la región, hasta el 36% de los títulos de posgrado emitidos no cumplen con los estándares mínimos de calidad, debido a prácticas poco éticas; un 31% están en indagación por no cumplir con los requisitos. Generando preocupación entre empresarios y académicos, quienes demandan mayor regulación y control para evitar que el mercado de títulos se vea manipulado por intereses económicos y no por calidad profesional.
Demostrando que, aunque avance la revalorización de títulos de cuarto nivel, el negociado es preocupante, poniendo en duda la integridad de los sistemas educativos superiores; siendo necesario fortalecer los mecanismos de regulación y evaluación, y con ello garantizar una verdadera formación de calidad, que garantice el desarrollo profesional y social en la región.
Pablo Ortiz Muñoz
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