La voluntad de una autoridad pública se manifiesta a través de actos administrativos. Este es un concepto del derecho, que traducido a un lenguaje más sencillo se entendería como la decisión de una autoridad con respecto a un tema concreto que al exteriorizarse produce efectos jurídicos para quien va dirigido o para una colectividad.
Estas decisiones deben estar motivadas, es decir deben estar justificadas. Esto implica que se sustenten en derecho y se explique la aplicación de cualquier norma sobre los hechos del caso. Este es el “deber ser”; sin embargo, no sucede aquello en la Administración Pública. Existen decisiones que carecen de argumentos. En otras ocasiones, hay una aparente justificación, lo que a la postre ocasiona desconfianza en las autoridades públicas en vista de que sus respuestas obedecerían más a razones subjetivas antes que apegadas a derecho.
Si bien la Administración pública tiene un margen de libre actuación cuando la ley lo permite ante la falta de un proceso reglado, está prohibida la arbitrariedad. Hay que evitar que las actuaciones de una autoridad caigan en la categoría de caprichosas y antojadizas, pues las mismas deben apegarse al derecho, a la justicia y a la razón.
Cuando no se expone los razonamientos y menos los argumentos que llevaron a una autoridad a decidir de esa forma causa que el ciudadano pierda credibilidad en la administración y busque respuestas inmediatas en el sistema judicial. Por ese motivo, mientras más incertidumbre e imprecisión, más demandas contra el Estado se presentarán tanto en la vía constitucional y legal con el propósito de alcanzar decisiones objetivas, racionales y coherentes con el ordenamiento jurídico.
Carlos Orellana Jimbo
ab.carlosorellana@hotmail.com