La desigualdad social ha empeorado en este año en comparación con la que se vivió en el año 2019 y que provocó el levantamiento indígena y popular. Pese a los niveles de resistencia popular de octubre y al cambio de gobierno, la pobreza y la precarización laboral no han disminuido. La crisis económica agobia a la mayoría de familias.
Las movilizaciones en nuestro país, desde hace décadas, tienen la impronta de las organizaciones sindicales y populares, de los pueblos y nacionalidades indígenas; son luchas contra el modelo neoliberal, la imposición de las trasnacionales extractivistas del petróleo y de la minería.
Los diversos gobiernos, desde el retorno de la democracia, no han podido satisfacer las demandas de los diversos sectores sociales. Todos, incluido el denominado gobierno “progresista”, han favorecido los intereses de grupos económicos de poder, mantuvieron intacta la estructura económica inequitativa.
El gobierno de Lasso incumplió sus promesas de campaña y el movimiento indígena y popular levantó su puño valeroso. Tras 18 días de movilización y lucha social se consiguió: la reducción del precio de los combustibles; la derogatoria del Decreto Ejecutivo 95 para proteger los territorios y los derechos colectivos de los pueblos indígenas; se reforma el Decreto Ejecutivo 151 sobre el plan minero, etc., que deben concretarse en mesas técnicas de diálogo por los 10 puntos que motivaron el Paro Nacional.
Pese a que la Asamblea Nacional salvó al presidente de su destitución, por los votos PSC-CREO-ID, este poder del Estado no goza de credibilidad, por lo tanto, la resistencia popular seguirá siendo el instrumento para hacer cumplir las demandas económicas y sociales insatisfechas, en defensa de la vida, la naturaleza y los derechos de los trabajadores.
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