La historia del Ecuador ha estado marcada por episodios permanentes de corrupción, que no han sido ajenos a ningún gobierno, ni mucho menos al Parlamento Nacional. Simplemente, basta con recordar cómo hemos pasado de los cotizados gastos reservados y partidas presupuestarias para obras de los años noventa, a los famosos diezmos y dineros encaminados a satisfacer el bolsillo personal de ciertos representantes. Esta circunstancia nos deja observar que existe un problema de fondo en la democracia representativa del Ecuador, que al pasar de los años, por más situaciones dramáticas que hemos vivido los ecuatorianos, de refundaciones o derrocamientos, la calidad de nuestros representantes en el Poder Legislativo sigue siendo un inconveniente sin resolverse, que incluso alcanza a otros cuerpos colegiados, puesto que las propias organizaciones políticas y sus líderes han cuidado que las reformas electorales estén constantemente encaminadas a cuidar los privilegios del círculo político de turno, asegurando de esa manera el status quo de los políticos de siempre, que nos han acostumbrado a las virulentas prácticas políticas que siguen causando el detrimento a la democracia del país.
Lo sucedido en estos días con la negativa y archivo de la llamada Ley de Inversiones, deja al descubierto como se viene “negociando” los acuerdos entre las Funciones Ejecutiva y Legislativa, que se hacen públicos cuando los resultados no son los esperados, ya que, si se aprobaba dicha ley, seguramente el Ecuador no conocería cuales son los asambleístas que han recurrido a las más bajas prácticas de corrupción. Esta situación, debe ser investigada y sancionada con el máximo rigor de la ley. Sin embargo, en el Ecuador ya no se sabe que pasará, puesto que la propia discrecionalidad de la Función Judicial en algunos casos, evidencia que existe una justicia a la carta para los temas que interesan al círculo político de turno.
Daniel González Pérez
dagonzalezperez@gmail.com