Garantizar derechos representa un costo para el Estado. Mientas más derechos se reconocen, más fuentes de financiamiento necesita un gobierno para cumplirlos; caso contrario, esas promesas se convierten en letra muerta y provocan el aumento de la presión financiera.
La aprobación de la ley que dispone el alza salarial para los docentes del sistema público ha provocado un debate álgido en los diferentes sectores de la sociedad. Observo que hay consenso sobre el derecho que tienen los docentes en obtener una categorización y equiparación salarial como el resto de los servidores públicos.
Sin embargo, hay disenso con respecto a las fuentes de financiamiento para cubrir este gasto. La Constitución de la República dispone en su artículo 287 que toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de pago correspondiente. De tal forma, que era imperativo para los legisladores, previo a aprobar esta ley, verificar que existan los recursos financieros para cubrir este rubro.
En el debate legislativo se estableció como fuentes de financiamiento, el incremento del precio del barril de petróleo y el aumento de las recaudaciones tributarias relacionada con las últimas reformas en esa área.
Al respecto, reafirmando que los maestros tienen derecho a ser sujetos de un alza salarial, es importante mencionar que, para la ejecución de esa Ley, existen aspectos que resultan contrarios al texto constitucional. Los recursos petroleros son ingresos no permanentes, sino variables, y no pueden cubrir gastos permanentes de acuerdo con el artículo 286 de la Constitución, por tal razón no son recursos para pagar sueldos.
Los recursos tributarios sí lo son, por su naturaleza de ser ingresos de carácter permanente, y por ende son legítimos para satisfacer ese pago salarial. Sin embargo, vale advertir que aquellos promotores de derogar las reformas tributarias estarían actuando de manera irresponsable porque dejarían sin sustento financiero esta alza salarial para los docentes del Magisterio, por lo que vale estar atento a las actuaciones de las bancadas que conforman esta deslegitimada Asamblea Nacional.
Carlos Orellana Jimbo
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