Frase incómoda, esa. Particularmente penosa cuando se conoce que un grupo de investigadores, luego de una formal investigación, han comprobado que muchos de los productos comercializados no responden a las normas científicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cuanto a la efectividad, absorción y excreción.
Para mí, es este un problema grave, gravísimo, provocado por la alarmante falsificación de medicamentos. Y qué demonios – pregunto yo- han hecho las autoridades sanitarias para condenar esta barbaridad.
De lo que se conoce, poco o nada se ha trabajado en este campo. Y, por tanto, ante dicho fenómeno, no se puede permanecer impasibles. Para proteger la salud del pueblo, no solo se precisa reforzar las medidas de control existentes con el fin de evitar la entrada y posterior distribución de medicamentos falsificados, sino que también debe concientizarse a la ciudadanía sobre los riesgos de consumir medicamentos adulterados que podrían agravar su situación y llevarlo hasta la muerte.
Mantener y mejorar la atención de la salud de la población traduce un imperativo para realizar el valor jurídico que es la cúspide y vértice de todos los otros: el derecho a la salud. Y ello obliga a gobernantes y gobernados, porque el régimen de la salud es una empresa mancomunada y solidaria que se asocia en un quehacer común a los que mandan y obedecen.
No sé crea que mis palabras entrañan una crítica indiscriminada a todo lo que se realiza, ni lo sugerido va a construir la panacea para la solución de esta mal. Lejos estoy de caer en este error. Solo es una preocupación que merece una reflexión.
Eso nada más.
Jaime A. Guzmán R.
jaimeantonio07@hotmail.es