Existe retraso a los trámites administrativos para los pedidos de regímenes penitenciarios.
No sólo los abogados en libre ejercicio se sienten afectados por la demora en los trámites administrativos que ejecutan para que las personas privadas de la libertad a las que patrocinan puedan acceder a los regímenes penitenciarios sino también a los abogados de la Defensoría Pública de la provincia de Loja.
Cristina Meneses Sotomayor, defensora pública de la provincia de Loja, indica que los problemas administrativos internos en el Centro de Rehabilitación Social de la localidad evitaron que muchas de las personas privadas de la libertad puedan acceder a las garantías penitenciarias a las que ellas tienen derecho.
«La falta de personal en el Centro de Privación de Libertad de Loja así como la excesiva demora administrativa de y, también, del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) provocó que muchos privados de la libertad sean afectados», dice la funcionaria.
Abuso de prisión preventiva
Cristina Meneses Sotomayor indica que Ángel Torres Machuca, defensor público general del Ecuador, acudió a la Asamblea Nacional para exponer 10 nudos críticos que entorpecen el normal desenvolvimiento de los procesos penitenciarios y uno de ellos es el uso excesivo de la prisión preventiva que debe ser regularizada.
Otro de los problemas tiene que ver con la administración de los procesos de parte de la SNAI que están centralizados en Quito y deberían crearse Subcomisiones de Beneficios Penitenciarios en cada centro carcelario del Ecuador para que ahí se analicen, revisen los expedientes de los pedidos de los internos.
Torres Machuca considera que hace falta una herramienta tecnológica para conocer cuando una persona privada de la libertad pueda acceder a los regímenes abiertos y semiabiertos que permiten que esas personas tras cumplir con el 60% de la pena puedan terminar de pagar la sentencia fuera de los centros carcelarios.
PARA SABER
La falta de defensores públicos a nivel nacional impide que los procesos se tramiten con celeridad. Existen 30 vacantes que no cuentan con financiamiento porque se retiraron esos recursos.