La propuesta de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública marca un avance importante en la urgente tarea de modernizar el sistema de contratación pública en el Ecuador. En un contexto donde la desconfianza institucional y los casos de corrupción han minado la credibilidad del Estado, este proyecto propone mecanismos concretos que apuntan a mayor eficiencia, transparencia y control en el uso de los recursos públicos.
Entre los aspectos positivos destaca el fortalecimiento del rol técnico del SERCOP, la implementación de un portal bajo criterios de datos abiertos y el impulso a la profesionalización de los servidores encargados de los procesos. Estas medidas apuntan a reducir la discrecionalidad, optimizar el gasto público y garantizar procesos más competitivos y ágiles.
Un aspecto clave es la apuesta por la automatización de los controles precontractuales mediante herramientas tecnológicas. La digitalización no solo mejora la eficiencia operativa, sino que limita la intervención humana en fases sensibles del proceso, reduciendo riesgos de manipulación o favoritismos. Automatizar bajo reglas objetivas y medibles es una vía efectiva para fortalecer la transparencia y generar confianza ciudadana.
Sin embargo, es importante señalar que esta propuesta no constituye aún la reforma estructural que el país necesita. El sistema de contratación pública requiere una transformación integral que abarque todos sus niveles, procedimientos y actores, con un enfoque real en la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas.
Pese a ello, dar este primer paso es positivo. Mejorar lo existente es un acto de responsabilidad. La clave ahora será implementar esta reforma con voluntad política, supervisión técnica y participación ciudadana, para evitar que quede como un intento más sin efectos reales.
Daniel González Pérez
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