El Ecuador se apresta a iniciar un nuevo periodo legislativo 2021-2025, en el que 137 asambleístas de diferentes organizaciones políticas asumirán el desafío de brindar dignidad a una Asamblea Nacional que ha cursado fuertes cuestionamientos, graves denuncias de corrupción, serias observaciones en la elaboración normativa y una fiscalización que ha esperado pronunciarse cuando las cosas se han consumado.
El nuevo ciclo legislativo debe marcar un serio involucramiento de todos los asambleístas electos por votación popular, que les permita ejercer con total responsabilidad para con el país un proceso de construcción de leyes que están pendientes, reformas a normas que son necesarias y una correcta fiscalización que de la posibilidad de recuperar en algo el nombre de la democracia representativa que se ve reflejada en el Parlamento Nacional, pues es ahí donde evidenciamos a las diferentes corrientes políticas.
Es importante que, desde la Asamblea Nacional, se garantice a todos los ecuatorianos en territorio nacional y a quienes se encuentra fuera del país, una legislación que observe principios, que avale derechos y que consienta el ejercicio de un Estado constitucional de derechos y justicia, en la que el ser humano como ciudadano y sus decisiones sean respetados por las diferentes esferas estatales. La legislación y fiscalización demanda preparación, responsabilidad y cumplimiento de un debido proceso, no se puede fiscalizar con propósitos de perseguir sin prueba alguna, ni ejercer acciones de legislación por presiones mediáticas, políticas o de redes sociales. La Asamblea Nacional y sus integrantes deben actuar con sentido de país y con propósitos éticos, legales y que sean un reflejo de lo que el Ecuador demanda.
Daniel González Pérez
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