El denominado Caso Olón ha desatado un tsunami en el país. Tirios y troyanos se esfuerzan por ser más duros en las críticas en contra del presidente Noboa, debido a la inobservancia de normas jurídicas, por parte de su entorno político, para permitir la construcción de un conjunto habitacional, en una posible área natural protegida, a una empresa de la que es accionista la esposa del presidente.
¿Qué dice la Constitución sobre las áreas naturales protegidas? Primero, que estas son competencia exclusiva del Estado central (administración pública central) y que le corresponde asegurar la intangibilidad de dichas áreas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas.
La Constitución también dispone la creación de un “sistema nacional de áreas protegidas” que garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. Las normas ambientales secundarias permiten obras, proyectos o actividades siempre que se cumplan las condiciones de no afectar la funcionalidad del área protegida.
El Caso Olón le está implicando al presidente de la República un altísimo costo político, al punto de estar en peligro su posible reelección (que parece que es lo que más le importa). Lo más repudiable de este embrollo jurídico y político es que el correísmo quiera dar lecciones de ética pública después se haber sido el gobierno más corrupto de la historia ecuatoriana.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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