En los últimos 15 días tres temas, del escenario político del país, se volvió complejo para el gobierno del “Encuentro”.
Primero, la Asamblea Nacional le devolvió la propuesta de proforma presupuestaria, le negó los nombres para integrar la Junta Bancaria y no calificó el proyecto de «Ley Creo»; estalló un nuevo y grave episodio de la crisis carcelaria; y, a nivel mundial, se conoció el involucramiento de Guillermo Lasso y su familia en el caso denominado Pandora Papers.
Sin lugar a dudas, lo ocurrido en la Asamblea expresa un cambio en la correlación de fuerzas políticas actuantes en ese organismo, la mayoría parlamentaria que eligió a las actuales autoridades legislativas —en la que participaron las fuerzas del gobierno— no funciona más y ahora, en los hechos, existe un nuevo bloque que vota de manera unificada, constituido por UNES, PSC, Pachakutik e ID. En una especie de medición de fuerzas, luego de echar abajo la Ley Creo, estos sectores suscribieron un documento público en el que conminan al gobierno a no insistir en su ley y lo retan a convocar una consulta popular.
Segundo, la violencia desatada en la Penitenciaria de Guayaquil revela la verdadera incapacidad del gobierno. Luego de la masacre producida meses atrás en los centros penitenciarios, el Gobierno anunció medidas e inversiones urgentes que no se miran en ningún lado. Es cierto que existe una disputa de bandas y carteles en su interior, pero es evidente que se busca esconder la responsabilidad y complicidad del Estado con estos problemas.
Tercero, Las denuncias sobre los Pandora Papers presentan a Lasso como inversionista en 14 empresas off shore que, como se conoce, son mecanismos utilizados para el lavado de fondos y la evasión de impuestos. La Contraloría debe establecer un informe al respecto y, a su vez, la Asamblea Nacional debería conformar una Comisión Ocasional que investigue el tema.
Remo Cornejo Luque