Hace pocos días, en un buen diálogo con un amigo, surgió el tema de la “meritocracia”, el cual, a decir la verdad, lo había tenido olvidado en mi discurso acostumbrado, sin duda, un término trascendente desde su significado, el cual denota que los puestos o posiciones jerarquizadas públicas, se deben dar en base a los méritos de las personas, como su nivel de talento, educación, sus competencias o aptitudes específicas, intelectualidad, etc., con miras a ocupar o no un cargo especifico de trabajo.
Esta idea de vivir en una sociedad meritocrática, es una utopía, si se la observa desde la realidad. Si por meritocracia concebimos una sociedad en la que los ingresos y el trabajo se concedan única y exclusivamente por los méritos de las personas, en sociedades como la nuestra no encajan, ya que la praxis dista mucho de la realidad.
Al principio se la consideraba a la meritocracia como un sinónimo de igualdad de oportunidades, observado como un hecho no excluyente, donde el favoritismo o los privilegios heredados no existían.
Falaz mentira, si analizamos los hechos, está demostrado que los ingresos y la posición económica influyen sobre los cargos, pero últimamente, estos factores han sido superados por la politocracia, donde el poder se ha convertido en el instrumento para satisfacer los intereses de los políticos y los partidos políticos (Díaz, 2018).
Nuestras democracias “del pueblo, para el pueblo”, han llegado a convertirse en una politocracia “de los partidos, por los partidos y para los partidos”. Indiscutiblemente existen servidores públicos, con merecidos méritos y capacidades para el cargo al que están asignados, pero lamentablemente una gran mayoría no cumple con los requisitos necesarios, ya que han sido ubicados a dedo por la partidocracia, con la concebida característica de alto nivel de mediocridad, perjudicando con ello a la gran mayoría de los ecuatorianos.
Pablo Ortiz Muñoz
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