La teoría económica clásica nos indica que el mercado es un juego entre la oferta y la demanda; a mayor producción, menor precio; a mayor escasez, mayor precio. Sin embargo, en países como el nuestro, esta regla tiene otro matiz cultural muy arraigado: la implícita viveza criolla.
Ecuador es un país bendecido por microclimas, una potencia productora de frutas, verduras, tubérculos, camarón, aves, etc. Teórica y prácticamente producimos casi de todo; nuestros mercados deberían rebosar de productos frescos y accesibles en muchos casos al bolsillo, influyendo indiscutiblemente también nuestra posición geográfica. No obstante, la realidad cotidiana nos golpea con una paradoja inaceptable: comprar ciertos productos para la mesa, siendo productores de ellos, nos cuesta un ojo de la cara. ¿Cómo se explica semejante distorsión en un territorio donde la producción en muchas ocasiones se pierde porque los campesinos aducen que no les pagan ni el costo de producción?
La respuesta no radica únicamente en el juego económico de los costos de producción (fertilizantes, transporte, mano de obra, etc.). Aquí interviene la especulación descarada de intermediarios y comerciantes que prefieren regular artificialmente el flujo de la mercancía, arriesgándose incluso a que se desperdicie (se tire a la basura), antes que sacrificar un margen de ganancia abusivo (muy común en los mercados populares). Es aquí donde impera la lógica cortoplacista de exprimir al consumidor al máximo en cada transacción individual, sustituyendo la sana competencia por el abuso oportunista.
Lo más trágico de esta cadena de distorsiones es que el perjuicio es de doble vía. Por un lado, el agricultor (el eslabón primario que madruga, arriesga su capital y cultiva la tierra) recibe una miseria por su esfuerzo. Por el otro, el ciudadano de a pie termina pagando precios inflados artificialmente.
La «Viveza Criolla» distorsiona el mercado disfrazada de sagacidad comercial, transformándose en un lastre que empobrece la economía familiar y castiga la equidad social. Si hablamos de desarrollo justo, necesitamos controlar la cadena agroalimentaria, con una participación oportuna del Estado y del ciudadano, donde el precio refleje el trabajo honrado y no el apetito voraz del oportunismo.
Pablo Ortiz Muñoz
acuapablo1@hotmail.com