Si concebimos a la política como un arte y una ciencia, con intereses nobles de servicio a los demás, bien entenderemos que la salud debe ser una preocupación principal por parte de los gobernantes de un estado.
Las medidas a tomarse en cuenta deben proponerse desde dos aspectos diferentes, pero igualmente dirigidos a preservar este bien público. En primer lugar, me refiero a las leyes, ordenanzas, acciones, etc., consideradas desde un punto de vista positivo: a lo que tiene que hacerse para preservarla. Por ejemplo: enseñanza curricular sobre conocimientos acerca de la buena salud; investigaciones para mejorar la calidad de los alimentos sin aditivos químicos que atenten contra ella; apoyo a las empresas que no utilizan colorantes, preservantes, fertilizantes o plaguicidas que dañan la salud; inserción obligatoria en los lugares de trabajo, de espacios de tiempo para los empleados y trabajadores para la realización de ejercicios corporales que permitan la activación de músculos y órganos que permanecen inactivos cuando se realiza una labor duradera; construcción de mercados en cada barrio, con servicios de agua potable en cada puesto y con pagos mínimos por los puestos de ventas; etc.
Por otro lado, desde un aspecto negativo, se puede considerar la prohibición de la utilización de determinados productos que producen cáncer y otras enfermedades; control de las ventas ambulantes de alimentos contaminados y manipulados sin un mínimo de higiene; control total en la venta de licores y estupefacientes; cierre de fábricas cuyos productos tienen compuestos químicos atentatorios contra la salud; prohibición de propaganda y venta de comida “chatarra”; etc.
No son los gobernantes los que tienen la culpa de lo malo de la sociedad sino quienes tienen la opción de elegir a los mejores.
Carlos Enrique Correa Jaramillo
cecorrea4@gmail.com