Los habitantes del norte de la ciudad de Loja padecen embotellamientos vehiculares desde el “cierre temporal de la calle Jaime Roldós Aguilera”, anunciado por el Municipio el 28 de septiembre de 2026. Según el aviso, la interrupción durará aproximadamente 30 días y se debe a trabajos que ejecuta la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja (Umapal). La situación afecta a los residentes, a las empresas y a los padres de familia que llevan y traen a sus hijos de los colegios ubicados en ese sector, y evidencia, otra vez, la necesidad de mayor comunicación del Municipio con su comunidad y de más participación ciudadana.
Comunicar no solo es publicar en redes sociales, emitir boletines o pedir a los presidentes barriales que informen de las decisiones de los técnicos. Comunicar es dialogar, escuchar y actuar en común. El diálogo debería orientarse a consensos y respuestas a interrogantes como las siguientes: ¿Qué necesitan los habitantes? ¿Cómo armonizar los calendarios laborales con los escolares? Y tal vez lo más relevante: ¿qué desarrollo se busca?
Habrá coincidencias entre las aspiraciones de los ciudadanos y los mandatos de la administración pública, y también discrepancias en las formas; alcanzar acuerdos y soluciones depende de la puesta en común de objetivos. La información oportuna en los medios puede abrir el diálogo, pero este se concreta en las visitas y reuniones con los moradores de los barrios.
Las recomendaciones del Municipio de “planificar los desplazamientos con anticipación y circular con precaución, debido al incremento de tráfico en las vías alternas” mientras duren los trabajos no son suficientes ante la percepción de demoras y la ausencia de respuestas a solicitudes de los moradores, como el conectar la vía a Chinguilanchi con la Av. Oriental para aliviar los atascos en las jornadas electorales y en las ferias. Así consta en archivos de las directivas barriales. Si antes no se escuchó a los vecinos, ¿cómo se responderá hoy a sus expectativas?
Abogar por diálogos no solo es un mandato constitucional, como se señala en el artículo 100 relativo a la participación para elaborar planes y políticas locales, y una vía para cumplir con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010), sino, sobre todo, una condición para la calidad de vida y la seguridad que requiere el auténtico desarrollo humano sostenible.
Abel Suing
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