Lo público no tiene color político

En tiempos electorales, la institucionalidad debe demostrar que el poder público tiene límites y los bienes municipales se administran con reglas claras, verificables y ajenas a intereses electorales.

La alcaldesa de Loja, Diana Guayanay Llanes, ha señalado que no existe una normativa municipal que prohíba prestar el Coliseo Bernardo Valdivieso para actividades políticas y que cualquier candidato puede solicitar espacios públicos bajo condiciones establecidas. Esta explicación no debería cerrar el debate con el argumento de la igualdad.

La Constitución, en su artículo 115, prohíbe el uso de recursos e infraestructura estatales para la campaña electoral. Además, el Código de la Democracia establece restricciones sobre el uso de recursos y bienes estatales en campaña por funcionarios públicos.

Por ello, corresponde rendir cuentas: ¿qué actividad se autorizó?, ¿quién la solicitó?, ¿quién la aprobó?, ¿bajo qué norma?, ¿qué condiciones se aplicaron? ¿Existieron recursos públicos de personal, seguridad, limpieza, energía, mantenimiento o logística vinculados al evento? La igualdad entre candidaturas debe demostrarse documentalmente y aplicarse bajo reglas transparentes.

Existe una responsabilidad institucional. Concejales, ciudadanía, medios y organismos de control deben fiscalizar, solicitar información, contrastar documentos y preguntar. Informar no puede significar simplemente reproducir la versión de una autoridad.

Y como ciudadana considero que, si quienes aspiran a ejercer o conservar el poder no pueden demostrar, desde una candidatura, respeto irrestricto por los bienes que pertenecen a todos, la sociedad tiene derecho a preguntar qué administración pública podemos esperar.

La ciudadanía no debe dejarse llevar por discursos, consignas o declaraciones de quienes dicen representar al pueblo. Debe observar hechos, revisar documentos y exigir explicaciones. El poder se entrega temporalmente; la responsabilidad pública permanece. Una democracia madura no sigue al poder: lo vigila. Porque lo público no tiene color político, pertenece a todos y debe administrarse siempre para todos.

Mayra García Calle

alejandrinagc@gmail.com

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