Voces en contra y a favor de las manifestaciones realizadas por el movimiento indígena se escuchan en todas las plataformas comunicacionales. Cada día despertamos con el interés de conocer que ha sucedido y que sucederá, si hay consenso o disenso.
El escenario económico y social se agudiza cada día del paro a nivel nacional. Los actores políticos buscan sacar provecho y adueñarse de luchas aparentemente justas para generar incertidumbre social y desestabilizar al gobierno. El movimiento indígena ha presentado un pliego de diez peticiones, las mismas que el gobierno concluye ya haber atendido.
Hay un punto de inflexión, y es que ese pliego a la luz de parámetros económicos resulta ser contradictorio, ya que no responde a la realidad financiera del Estado por su escasez de recursos para atender esas aspiraciones.
Quieren más fuentes de trabajo a través de la inversión pública, pero olvidan que el Estado para ello debe endeudarse o recurrir al poder tributario para la imposición de más tributos, frente ya una elevada presión fiscal. Por otro lado, no consideran que la Asamblea Nacional impide leyes para atraer la inversión privada y generación de más empleo. Los asambleístas cumplen un rol de pura oposición y nula proposición y se consolidan como los intransigentes ante cualquier cambio.
No quieren ampliación de las zonas extractivas, pero si piden mayor subvención en el gasto de educación intercultural y subsidios al precio del combustible. Quieren todo sin mirar el presupuesto estatal. Aspiran a un paternalismo por parte del Estado, atándolo de manos para el financiamiento de todas sus peticiones.
Quieren cambios olvidando que sus demandas implican ingentes recursos que a la postre pueden ocasionar un mal mayor. Lo único cierto es que estas medidas de resistencia y lucha social indefinidas cada día pasan a agravar lo mal que ya está el país.
Carlos Orellana Jimbo
ab.carlosorellana@hotmail.com