El presidente Guillermo Lasso, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 4 del 24-05-2021, expidió las normas de comportamiento ético gubernamental, entre cuyos principios generales, consta el de la aptitud, es decir, ‘…ninguna persona debe aceptar ser designada en un cargo para el que no tenga aptitud’, así como el de idoneidad, esto es, ‘…aptitud técnica, legal y moral, (…) condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública…’.
Esto es importante destacar ya que, lamentablemente, en el país se ha distorsionado el concepto del servicio público, en muchos casos, entendido irresponsablemente como el espacio para retribuir favores políticos, tanto en funciones directivas como operativas. En esa retorcida forma de ver y entender las cosas, no importa tanto la meritocracia ni las credenciales éticas del futuro servidor público. Para nada. Más bien se privilegia las lealtades y sometimiento a los administradores transitorios del poder (medido en el número de genuflexiones realizadas); el reconocimiento a los aportes hechos a la campaña; el pago a la cantidad de afiches pegados, a los likes, tuits y re-tuits realizados en las redes sociales, y hasta de quienes –por necesidad- estén dispuestos a compartir su remuneración (vía diezmos).
Entregar la administración del estado con base a esos criterios faltos de ética, constituye una forma de corrupción que debe ser extirpada de raíz. Hay que entender que el manejo de la cosa pública tiene que darse con base a altos estándares de calidad.
Por lo mismo, el desafío del actual gobierno es romper esos viejos y opacos esquemas mentales que miran al estado como si se tratase de una hacienda de la que se puede disponer según los antojos y hambres atrasadas de quienes se sienten con ese derecho a “mandar” por ser coidearios o amigos de la autoridad.
Giovanni Carrión Cevallos
@giovannicarrion