El mundo está convulsionado. Hay protestas multitudinarias por todos lados, valga mencionar, a modo de ejemplo, lo que sucede en Bulgaria, Alemania, Holanda, Macedonia, Polonia, Italia, Albania, etc. El costo de la energía eléctrica, fertilizantes, alimentos y el aumento de la inflación, han creado tensiones sociales que de no recibir respuestas oportunas de sus respectivos gobiernos podrían derivar en escenarios mucho más complejos e impredecibles para la democracia.
Mientras en la comunidad internacional, la protesta social tiene una explicación que está conectada con la realidad política, económica y de seguridad que se vive (en este último caso como efecto de la invasión rusa a Ucrania), en el Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, acude a una tesis bastante sui géneris que antes que ayudar en la pacificación del país, le agrega harto combustible, al señalar que el paro nacional de junio tuvo financiamiento del narcotráfico, con un aporte de 15 millones de dólares.
Ciertamente, resulta lamentable que, justamente, cuando se inician las mesas de diálogo con el movimiento indígena, y que requieren de un clima de confianza y respeto mutuos, el oficialismo desacredite a su interlocutor, sin aportar pruebas de lo afirmado.
Y, es más, el gobierno otra vez se contradice al incurrir en un error de fondo. La protesta social en el Ecuador tiene una profunda relación con el nivel de pobreza y marginación de la mayoría de los ecuatorianos, con especial énfasis en el sector indígena en cuyas espaldas recae el mayor peso de la crisis. Por lo tanto, si no se soluciona esa problemática estructural de un Estado dominado por la injusticia social, la inconformidad del pueblo se seguirá acrecentando y la protesta social o resistencia serán la válvula de escape para liberar esa presión incontenible.
Si hay pruebas de financiamiento indebido lo que corresponde no es ventilarlo en los medios de comunicación sino ante la Fiscalía, ¿cierto?
Giovanni Carrión Cevallos
@giovannicarrion